Desde el comienzo de la operación militar “Margen protector”, iniciada por Israel el 8 de julio, las organizaciones no gubernamentales han lanzado otra campaña de demonización de Israel, acusando el ejército israelí de ataques indiscriminados contra la población civil palestina y otras graves violaciones del derecho internacional humanitario. Más aún, la atención obsesiva puesta en las acciones de Israel se ve traducida, por su parte, en un silencio total respecto de las violaciones de las normas de guerra y de los derechos humanos perpetradas por Hamás, cuyas víctimas son tanto  los israelíes como los mismos palestinos. Distorsionando los conceptos del derecho internacional, adulterando la realidad e ignorando la conducta de Hamás, las ONG explotan la defensa de los derechos humanos para propulsar una agenda política ideologizada que busca la deslegitimación de Israel y su aislamiento en el seno de la comunidad de naciones.
Aun antes del inicio de la operación militar “Margen protector”, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, israelíes como B’Tselem, y palestinas, como Al Mezan, habían ya acusado Israel de imponer un castigo colectivo al pueblo palestino con la operación militar cuyo objetivo era encontrar a y rescatar a los tres adolescentes israelíes secuestrados por dos terroristas de Hamás, que fueron finalmente hallados muertos, habiendo sido asesinados casi inmediatamente tras su secuestro. La acusación de castigo colectivo es también formulada en relación al embargo de Gaza impuesto con el propósito de impedir que Hamás siga introduciendo armamento a Gaza. Estas mismas organizaciones piden la conclusión del embargo, sin considerar en absoluto el peligro que representa el arsenal de Hamás para la seguridad de la población civil israelí.
Como fuera demostrado por los muchos estudios del centro de investigación israelí NGO Monitor, este patrón de comportamiento de la red de ONGs politizadas  se ve acompañado por una demonización sistemática de Israel, que consiste en abusar del lenguaje jurídico para definir como ilegítimas sus operaciones militares, formulando acusaciones no comprobadas de violaciones del derecho de guerra, omitiendo, desde ya, toda referencia a las acciones de Hamás.
Así, por ejemplo, la organización internacional “Human Rights Watch” acusa a Israel de graves violaciones del derecho internacional humanitario, insinuando que Israel ataca intencionalmente objetivos civiles. La asociación catalana “Xarxa d’Enllaç amb Palestina” acusa a Israel de ataques indiscriminados dirigidos a la población civil palestina, sin considerar que el derecho internacional permite atacar objetivos civiles cuando estos fueren utilizados con fines militares. Estas alegaciones tampoco consideran el deber de cada Estado de proteger a sus ciudadanos ni tienen en cuenta que cada operación militar es el resultado de una planificación que que previamente se asesora jurídicamente a fin de verificar su legitimidad según el derecho internacional humanitario. Otras organizaciones, como “Sodepau”, insinúan que el operativo israelí estaría conduciendo a un genocidio, organizando manifestaciones contra la intervención israelí en Gaza, como la del 11 de Julio.
Es dable comprobar también una evidente distorsión de los hechos en el silencio sobre las violaciones de los derechos humanos por parte de Hamás y la equiparación moral entre la violencia terrorista y las contraofensivas militares israelíes. La asociación “Acción contra el hambre” condena igualándolos los cohetes de Hamás y los ataques israelíes, sin hacer distinción entre la violencia de la organización terrorista palestina, consagrada a la destrucción de Israel, tal como lo declaran sus líderes y su carta constitutiva, y las contraofensivas militares de Israel, dirigidas a neutralizar el arsenal destructor de Hamás. Igualmente, los análisis jurídicos superficiales y las declaraciones tendenciosas no expresan condena alguna contra Hamás, que se sirve de su población civil como escudo humano. El portavoz de Hamás, Sami Abu Zuhri, ha solicitado alos palestinos de Gaza a no dejar los edificios que fueren atacados por el ejército israelí, a pesar de los avisos que preceden cada ataque, poniendo así en peligro las vidas de la población civil palestina.
Esta desfiguración de la realidad tiene como objetivo presentar la “ocupación” como la principal causa del conflicto, a pesar de que es sabido que Israel se retiró de Gaza en 2005. Asimismo, el apoyo brindado a los pedidos de conclusión del embargo sobre Gaza, no consideran en lo más mínimo que esto le otorgará a Hamas al acceso indiscriminado a más armas, sin admitir que a pesar del conflicto armado, Israel no ha cesado el flujo de ayudas humanitarias a Gaza. La exigencia de embargo de armas contra Israel se ve acompañada también por campañas de boicot, como también de sanciones demagógicas a las acciones israelíes. Esta misma perspectiva ideológica fue la que llevó a la adopción del documento Goldestone, que en 2009 acusaba a Israel de crímenes de guerra, de lo cual hubo de retractarse en 2011. La reciente decisión del Consejo de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos de instituir otra comisión de investigación sobre las acciones israelíes en Gaza estuvo igualmente influida por ONGs políticas.
Las condenas indiscriminadas de la violencia, así como la utilización con fines políticos de los principios de derecho internacional por parte de las ONG, demuestran que estas organizaciones tienen una agenda política que aspira a presentar a Israel como la única causa del conflicto. Más aún, el silencio en relación con las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos perpetradas por Hamás evidencia una posición ideológica que, tras la aparente neutralidad en la defensa de los derechos humanos y de la cooperación internacional, busca demonizar Israel e incitar al boicot de sus instituciones. La distorsión de los hechos y la total omisión de una parte del conflicto dan testimonio de dicha distorsión del juicio político a partir de lo cual Israel acaba siempre por ser culpable, mientras que la violencia terrorista de Hamas es considerada como “resistencia”.
El gobierno español y la Unión Europea financian gran parte de esta propaganda, al apoyar económicamente  la red de ONGs politizadas. Es necesario detener dicho apoyo que constituye básicamente un financiamiento de propaganda anti-israelí.
Autor: Giovanni Matteo Quer, investigador del centro “NGO Monitor” y del “European Forum”, Universidad Hebrea de Jerusalén.